Margarita Petrera (*)
En los últimos dos meses el aseguramiento universal en salud (AUS) ha transitando rápidamente desde una ley cuyo reglamento demorara un año y medio en ser promulgada y sin un incremento efectivo en su financiamiento, a un proceso político encabezado por el Sr. Presidente, cuyos pilotos han pasado de estar en etapa de implementación en zonas alejadas rurales, a la ciudad de Lima anunciada en el último discurso por Fiestas Patrias.Si bien se han normado medidas extraordinarias (D.S. de Urgencia 048-2010) referidas a la afiliación, financiamiento y reestructuración del SIS, debe reconocerse que una norma legal, aun como producto de un acuerdo previo, no puede por sí sola cambiar la realidad; si es que no cambia el desempeño de los actores para que, actuando en nombre de las normas, induzcan no solo nuevas relaciones de poder y reposicionamientos en la sociedad y en el mercado, sino, sobre todo, el desarrollo de capacidades y recursos para conducir un proceso bastante complejo que involucra instituciones públicas y privadas con consecuencias que pueden resultar inesperadas.
Cabe la posibilidad que para dar visibilidad al AUS sea necesario traerlo a Lima, pero, entonces, será necesario mejorar la capacidad de respuesta. En este reto quisiéramos destacar tres cuellos de botella, referidos al régimen subsidiado y que pueden estarse presentando:
- Primero, la afiliación depende ahora de la respuesta en línea que da el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH ) al ingresar el nombre de la persona que postula, y surgen algunas preguntas: ¿Están todos los pobres identificados en el SISFOH? ¿Lo están todas las víctimas de la violencia? ¿Con qué frecuencia se actualiza? ¿Con qué rapidez se logra la conexión en línea y la respuesta del sistema?
- Segundo, la oportunidad, calidad y gratuidad de la atención, están fuertemente condicionadas por la disponibilidad de recursos (léase principalmente financiamiento y recursos humanos), así como por la existencia de políticas regulatorias efectivas: protocolos/guías de atención. ¿Se han hecho efectivos los recursos ofrecidos por el decreto de urgencia hace más de un mes? ¿Existen los protocolos de atención PEAS? ¿Están estos internalizados en los prestadores?
- Tercero, canales de participación de la población derechohabiente ¿Están institucionalizados? ¿Están siendo reconocidos? ¿Se cuenta con mecanismos efectivos de diálogo? En beneficio del AUS, una importante y trascendental iniciativa, estas son algunas de las preguntas cuyas respuestas se hacen necesarias.
Gestión
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