La semana pasada se publicó el Decreto Supremo 034-2010-SA, según el cual para que una persona pueda obtener desembolsos de créditos del sistema financiero, debe acreditar su afiliación al Aseguramiento Universal en Salud (AUS). Al respecto, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) exhortó al Gobierno a revisar dicha disposición y buscar mecanismos que promuevan el aseguramiento universal de salud sin perjudicar el proceso de bancarización.
“El decreto perjudica un proceso vital para alcanzar el desarrollo inclusivo en el Perú como lo es la bancarización. Además, es ajeno a toda la legislación en materia financiera vigente en el país y establece un trato discriminatorio contra las entidades financieras formales”, agregó Asbanc.
Según el gremio bancario, un principio general de la gestión es que dos objetivos deseables independientes no deben ser atados artificialmente, pues ello al final implica que en ambos se avance a la velocidad del más lento.
“Por ejemplo, sería contraproducente exigir a quienes se afilian al AUS que tengan una cuenta bancaria o que los niños que van a ser vacunados tengan DNI”, refirió Asbanc.
MINISTERIO DE SALUD
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, comentó que la norma no tiene por qué convertirse en una traba para el sistema financiero.
“El grueso de la población asegurada no requeriría ese mecanismo porque todos aquellos que están asegurados a través del empleo, o sea, con el seguro social, están asegurados directamente y, por lo tanto, no tienen que demostrar nada. Simplemente están ya afiliados”, dijo.
Sin embargo, reconoció que el problema sería la población no pobre que trabaja como independiente, que no tiene un mecanismo de planilla para asegurarse.
“A esa población la estamos persuadiendo para que tome el seguro, pues la ley establece que es una obligación”, dijo Ugarte.
El ministro de Salud añadió que el Decreto Supremo 034-2010-SA no es inconstitucional.
APLICACIÓN
César Puntriano, abogado laboralista del estudio Muñiz, comentó que actualmente el AUS no está implementado en todo el país.
“La norma debería aplicarse inicialmente solo en aquellos lugares donde ya se haya generado un plan piloto del AUS”, agregó.
EL DATO
Actualmente el AUS está implementado en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque y el Callao, comentó César Puntriano, del estudio Muñiz.
SBS PIDE REVISIÓN
Diego Cisneros, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), manifestó que las autoridades que han estado a cargo del decreto supremo deberían revisarlo.
El funcionario explicó que desde el punto de vista macrosocial, nadie está en contra del propósito del crédito ni del sistema de salud, pero agregó que el decreto genera una contradicción con el objetivo de procurar una mejor calidad de vida a las personas de menores recursos, pues se les crea una barrera al acceso al crédito que necesitan.
“La norma en el papel puede sonar muy bien, pero sospecho que en la práctica será complicada su ejecución y tendrá problemas posteriores”, dijo Cisneros.
Agregó que la exigencia no dificulta el acceso al crédito a los trabajadores que están en planilla, que son la minoría, sino a los informales.
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