Por sanción de la ONU. Colegio Médico, Defensoría y ONGs toman posición al respecto
Debería reglamentarse aborto
terapéutico, afirmó viceministro de Salud, Enrique Jacoby. Dictamen
ordena indemnizar a joven que quedó parapléjica.
Cynthia Campos.Se pronunciaron sobre un tema que siempre sacará chispas. El protocolo que regula la aplicación del aborto terapéutico en el Perú tiene que ser aprobado. Así lo expresaron ayer el Colegio Médico del Perú, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y la familia de la adolescente de iniciales L.C., a quien se le negó el acceso a este procedimiento en 2007.
A ellos se sumó el viceministro de Salud Enrique Jacoby, quien consultado por La República indicó que sostendría una reunión sobre este asunto con el ministro Alberto Tejada. “Pienso que el protocolo para el aborto terapéutico sí tendría que aprobarse”, comentó.
Ello, luego de conocerse el dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de Naciones Unidas, que sanciona al Perú por haberse negado a realizar esta intervención a la adolescente.
Por una vida digna
“Lo que queremos es que el Estado cumpla con el dictamen del comité. Sabemos que no va a recuperarse, pero al menos ello servirá para que pueda tener una vida digna”, sostuvo el Dr. Valerio Palacios Flores, abogado y tío de la adolescente L.C. El letrado también contó que su patrocinada se encuentra postrada, no puede valerse por sí misma, no puede controlar sus esfínteres y tiene que ser trasladada en una silla de ruedas.
En marzo del 2007, a los 13 años, L.C. empieza a ser víctima de abusos sexuales por un hombre de 34 años. Al sospechar su estado de gestación, ella encaró al sujeto, quien no quiso asumir su responsabilidad. Fue entonces que L.C. sube al techo de una casa contigua a la suya, y se lanza al vacío. La caída le produjo serias lesiones en la columna vertebral. Se requería una cirugía de urgencia, pero los exámenes confirmaron la gestación de la muchacha y los médicos decidieron postergar la operación para no afectar el embarazo. Cuando la familia solicitó practicarle un aborto terapéutico para poder tratar la columna, se lo negaron. Recién la operaron tres meses después cuando le sobrevino un aborto espontáneo. El daño ya era irreversible.
“El dictamen solicita que se indemnice a la víctima, pero es importante sobre todo porque pide que se implementen las políticas públicas para el acceso a este procedimiento”, sostuvo Rossina Guerrero, directora ejecutiva de Promsex, institución que guió el caso de L.C. ante las cortes internacionales.
Por su parte, el decano del Colegio Médico del Perú, Dr. Ciro Maguiña, explicó que “mientras no exista un protocolo que indique cómo y en qué casos debería practicarse el aborto terapéutico, los médicos seguirán negándose a realizarlo”. Maguiña recordó también que en 2007, a pedido de la Defensoría del Pueblo, una junta evaluó el caso de L.C. y determinó que el aborto sí procedía.
“No pedimos que se formule un protocolo. El protocolo ya está listo. Lo que falta es voluntad política”, sentenció Rossina Guerrero respecto de un tema que espera sobre el escritorio de cada ministro desde 1924, cuando se declaró que era totalmente legal.
Lo que la ONU recomienda a Perú
1]“Proporcionar medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada (a la adolescente L.C.), por daños morales y materiales y medidas de rehabilitación, de modo acorde con la gravedad de la violación de sus derechos y de su estado de salud, a fin de que goce de la mejor calidad de vida posible”
2]” Revisar su normatividad con miras a establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico, en condiciones que protejan la salud física y mental de las mujeres e impidan futuras violaciones similares a las del presente caso”.
3]” El Estado también deberá revisar su legislación para despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual”.
Datos
Segunda vez. Ya en 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a favor de la adolescente K. L. y en contra del Estado peruano, por haberla obligado a llevar la gestación de un feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (anencefálico).
Reiteración. A través de su Adjuntía para los Derechos de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, reiteró la recomendación hecha al Ministerio de Salud y lo exhorta a aprobar el referido protocolo.
La Republica
Muertes maternas son por negligencia
Defensoría pide al Gobierno regular aplicación de cirugías. CMP advierte que 200 mujeres fallecen porque no se les practica aborto terapéutico.
Muchas mujeres gestantes podrían salvar sus vidas. (H. Aparicio)
“El protocolo técnico de los médicos indica que las mujeres con cáncer, insuficiencia cardíaca u otro mal grave deben seguir métodos anticonceptivos estrictos o, de quedar embarazadas, pueden acceder al aborto terapéutico”, dijo. La institución solicitó que el Ministerio de Salud apruebe mecanismos en los hospitales a nivel nacional en caso de que la vida de la madre esté en peligro.
Según la organización Promsex, en lo que va del año hay 331 muertes maternas por complicaciones durante la gestación o enfermedades. Gutiérrez dijo que, en todo el país, se reportan 800 casos anuales.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo reiteró que el gobierno peruano debe regular la aplicación de estas cirugías en corto plazo.
CONDENA AL PERÚ
En 2006, una gestante de 13 años pudo haberse recuperado de la caída que tuvo al intentar suicidarse después de ser violada. Pero los médicos se negaron a operarla de la columna por encontrarse embarazada. Asimismo, descartaron practicarle un aborto terapéutico. A los cinco meses, la adolescente perdió de manera natural a su hijo.
La joven, que hoy tiene 18 años, quedó tetrapléjica. La ONU condenó al Perú por permitir esta mala práctica y pidió que se indemnice a la víctima.
Ysabel Marín, abogada que siguió este caso, señaló que en las próximas semanas preparará una propuesta de reparación económica que incluirá los gastos de rehabilitación y educación.
Eso no es todo. El agresor, cuya identidad se mantiene en reserva, sigue en libertad.
Peru 21
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